¿Cómo afectan a los municipios españoles las zonas de bajas emisiones?
El Gobierno de España aprobó en julio de 2021 la Ley de Cambio Climático y Transición Energética que, entre otras cuestiones, obligaba a los municipios de más de 50.000 habitantes de todo el país a establecer, al inicio de este año 2023, Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) a las que tengan prohibido el acceso los vehículos más contaminantes, que serían aquellos que no pueden obtener ninguna de las etiquetas ambientales emitidas por la Dirección General de Tráfico por ser anteriores a 2001, en el caso de los de gasolina; o anteriores a 2006 para los diésel.
Una medida que los ayuntamientos españoles en su conjunto, a través de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), pidieron que no se pusiera en marcha en la fecha prevista puesto que aún existían muchas incertidumbres en cuanto a su aplicación. De hecho, han sido solo una parte mínima de los 149 municipios afectados los que la han hecho efectiva.
¿Santander lo va a hacer?
Santander es una de las ciudades que no ha diseñado aún su Zona de Bajas Emisiones. No lo hemos hecho porque necesitamos herramientas para que, de tomarse esta medida, pueda ser efectiva y cause realmente beneficios ambientales, en lugar de generar únicamente problemas para los ciudadanos.
En primer lugar, queremos disponer de todos los datos necesarios a la hora de adoptar decisiones. Para ello, hemos presentado para su financiación con fondos europeos un proyecto que contempla la instalación, en diferentes puntos de la ciudad, de estaciones de calidad de aire, sensores de ruido, de aparcamiento, etc., de manera que tengamos muchos más datos para cuantificar los valores que determinan la calidad del aire actual y futura. Este proyecto está aún dando sus primeros pasos, teniendo en cuenta, además, el retraso que se está produciendo en la tramitación de los fondos europeos por parte del Gobierno central.
Otro de los motivos es que somos partidarios de plantear a los ciudadanos opciones, no imposiciones. No se trata de prohibir que los coches circulen sino de poner todas las facilidades para que los ciudadanos elijan otras alternativas diferentes al vehículo privado: que cuando puedan desplazarse a pie, lo hagan (y para eso se están instalando cada vez más rampas y escaleras mecánicas); que opten por coger el autobús municipal si lo que tienen que hacer es salir de su casa a trabajar ocho horas en el centro, dejarlo aparcado y volver (seguimos mejorando las líneas y el servicio del TUS); que, si así lo desean, puedan utilizar la bicicleta para moverse por la ciudad (hemos ampliado la red de itinerarios ciclistas); o que quienes vienen al centro desde otros municipios aparquen en las afueras y se evite así el tráfico por las calles de acceso y del centro urbano (está en tramitación el aparcamiento disuasorio del Sardinero y hemos solicitado en numerosas ocasiones a la Autoridad Portuaria que autorice la instalación de otro a la entrada por La Marga, cuyo coste correría a cargo del Ayuntamiento).
Por otro lado, una vez que lleguemos al punto en el que contemos con toda la información y comprobemos si es necesario o no restringir el acceso de los vehículos más contaminantes a una zona u otra de la ciudad, habrá que ver a qué superficie afecta, puesto que no es obligatorio, ni mucho menos, que abarque todo el centro urbano sino que se puede delimitar a una serie de calles y se permite, asimismo, establecer excepciones (residentes, vehículos de reparto, de emergencias, taxis, personas con discapacidad…).
En definitiva, nos encontramos muy al inicio de este proceso y aún queda por delante mucha información que recabar y muchas decisiones que tomar antes de adoptar medidas que, más allá de ser beneficiosas para las condiciones ambientales a medio plazo, tengan como efecto inmediato el de complicar su día a día a los santanderinos al circular por las calles de la ciudad.
